Una propuesta debe presentar una racionalidad climática sólida, identificar los riesgos climáticos, definir una teoría de cambio coherente, y establecer indicadores de impacto medibles. Desde el puesto laboral que mantengo lo que es una institución pública se puede contribuir facilitando información oficial y datos técnicos, fortaleciendo las capacidades institucionales mediante asistencia técnica y capacitación, y asegurando la alineación normativa y estratégica de las propuestas con los planes nacionales y sectoriales. Además, puede promover la articulación interinstitucional, apoyar procesos de consulta y participación social, y actuar como entidad ejecutora o acreditada, incrementando la credibilidad y viabilidad de las propuestas ante los mecanismos de financiamiento climático.