En Ecuador, la crítica exposición a amenazas naturales como inundaciones, sequías y deslizamientos —que comprometen sectores estratégicos como la seguridad hídrica, energética y alimentaria— ha impulsado la implementación de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (EFIC) como mecanismo de respuesta estructural. Para enfrentar esta vulnerabilidad y frenar la deforestación amazónica, el país articula recursos públicos, privados y de cooperación internacional (como IKI y GIZ) a través de instrumentos financieros verdes y programas de pago por resultados como REDD+. Si bien se han logrado avances significativos expuestos en la COP30, como la regularización de tierras indígenas y la canalización de fondos internacionales, persisten desafíos críticos relacionados con la brecha de financiamiento, la transición energética y, fundamentalmente, la urgencia de fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales para que los recursos de adaptación y mitigación se ejecuten eficientemente en los territorios más vulnerables.