Tras la revisión de los capítulos 4, 5 y 8 del documento “Desafíos y Oportunidades del Financiamiento Climático en América Latina y el Caribe” (Galindo, Lorenzo y Pereyra, 2022), se evidencia que la transición hacia una economía baja en carbono requiere transformaciones profundas tanto en la gestión macroeconómica como en el sistema financiero.
El capítulo 4 destaca que la política fiscal y el manejo del endeudamiento público deben alinearse con objetivos climáticos, lo cual implica generar espacio fiscal para inversiones verdes, incorporar criterios ambientales en la deuda soberana y avanzar hacia marcos fiscales que integren riesgos climáticos. Esta visión obliga a los países a replantear su estructura tributaria, reducir subsidios fósiles y promover una deuda pública sostenible con señales claras al mercado.
El capítulo 5 resalta los riesgos físicos y de transición del cambio climático para el sistema financiero. La evidencia muestra que los bancos y aseguradoras aún no integran completamente estos riesgos, lo que puede generar vulnerabilidades sistémicas, incluyendo la posibilidad de eventos tipo “cisne verde”. La falta de información estandarizada, la subvaloración de riesgos y la “tragedia de los horizontes” dificultan la movilización de capital hacia actividades sostenibles.
Finalmente, el capítulo 8 plantea recomendaciones para escalar el financiamiento climático, entre ellas fortalecer la regulación prudencial, desarrollar mecanismos de divulgación estandarizados, implementar pruebas de estrés climático y promover instrumentos financieros como bonos verdes o esquemas de blended finance.
Es por ello que los principales retos del BDE para acelerar la movilización de financiamiento climático son: fortalecer sus capacidades técnicas para evaluar riesgos climáticos; desarrollar una cartera de proyectos verdes “bancables”; alinearse a taxonomías y estándares internacionales; mejorar la transparencia y el reporte de impactos; y atraer mayor inversión privada mediante instrumentos innovadores. El BDE también enfrenta el desafío de coordinarse con gobiernos locales para generar proyectos escalables y consistentes con las metas nacionales de mitigación y adaptación.