El capítulo 4 endeudamiento público y la política fiscal plantea que la transición hacia una economía verde requiere reconfigurar profundamente la gestión fiscal y del endeudamiento, integrando de manera explícita dimensiones ambientales y climáticas en todas las decisiones financieras del Estado.
Los puntos clave son:
La sostenibilidad fiscal ahora incluye sostenibilidad climática y social
Ya no basta con manejar deuda y gasto de forma prudente: los países deben considerar los riesgos climáticos y su impacto en los ingresos, el gasto y la deuda pública. La inversión en mitigación y adaptación debe verse como una forma de evitar costos futuros y asegurar estabilidad macroeconómica en el largo plazo.
El capítulo enfatiza el rol de bonos verdes a grandes y pequeños agricultores o a personas que quieren emprender el camino de la agricultura, para abrir un espacio fiscal sin deteriorar la sostenibilidad de la deuda fiscal.
Además, La pandemia dejó al gobierno con más deuda y menos capacidad de gastar, por lo que resulta más difícil invertir en proyectos ecológicos para lograr una recuperación sostenible.
Muchos países dependen de los ingresos fósiles: Hay países cuya economía y presupuesto estatal reciben una parte importante de sus ingresos del petróleo, gas o carbón.
Como por ejemplo Ecuador depende en gran medida del petróleo para financiar su presupuesto público lo cual genera riesgo de erosión fiscal: “Erosión fiscal” significa pérdida o disminución de ingresos para el Estado, si esos ingresos bajan, el gobierno tendría menos dinero para cubrir gastos, inversiones y servicios públicos.
Mientras que el capítulo 5 Los riesgos del cambio climático y el sistema financiero
La exposición del sistema financiero a los riesgos físicos y de transición climática son:
• Fallas de mercado e información imperfecta
• Falta de incorporación del riesgo climático en reguladores y bancos centrales y muchos bancos reconocen el riesgo, pero no lo integran plenamente a su gestión de riesgos.
Algunos retos principales del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) para acelerar la movilización de financiamiento climático son:
Traducir necesidades municipales en proyectos financiables,
Incorporar metodologías de valoración climática, social y ambiental,
La falta de capacidades técnicas consolidadas en los gobiernos locales y dentro del propio BDE deben tener en cuenta lo siguiente:
• Incluir riesgos de transición y físicos en sus modelos de riesgo,
• Implementar pruebas de estrés climático para su cartera.
El éxito del BDE dependerá de su capacidad para transformar su cultura organizacional, desarrollar capacidades técnicas avanzadas y articular ecosistemas de financiamiento que conecten recursos nacionales e internacionales con necesidades locales.
Para finalizar el capítulo 8 Recomendaciones para la Mejora de la Escala y la Ambición del Financiamiento Climático.
El aporte de la regulación prudencial es clave para que las entidades financieras puedan establecer mecanismos de gobernanza adecuados para atender los riesgos climáticos y ambientales. Es necesario que los países de la región fortalezcan sus capacidades técnicas para incorporar las nuevas experiencias y establecer un entramado institucional que permita operar con éxito en los mercados de carbono. Una alternativa a la creación de un mercado regional regulado es el establecimiento de mercados voluntarios de compensación de carbono, que tiene la ventaja de contribuir en las estrategias de reducción de emisiones.