Luego de revisar el documento de Galindo, Lorenzo y Pereyra (2022), y en especial los capítulos 4, 5 y 8, quiero compartir una reflexión desde mi experiencia en el ámbito del desarrollo humano y la atención a poblaciones vulnerables, como el adulto mayor.
Capítulo 4 – Gestión del endeudamiento y política fiscal
Me llama la atención cómo se vincula la estabilidad macroeconómica con la justicia climática. En Ecuador, donde la inversión social es crucial para grupos como el adulto mayor, una política fiscal verde no solo debe financiar infraestructura baja en carbono, sino también proteger el gasto social ante eventos climáticos extremos. El reto para el BDE sería asegurar que el endeudamiento público verde no comprometa los recursos destinados a programas sociales, sino que más bien los fortalezca a través de una recuperación económica inclusiva y resiliente.
Capítulo 5 – Riesgos climáticos y sistema financiero
Como psicóloga, veo que los riesgos climáticos no son solo financieros, sino también humanos: pérdida de medios de vida, desplazamiento, estrés y vulnerabilidad en adultos mayores. El BDE debe incorporar en sus análisis de riesgo no solo los activos varados o la volatilidad de los mercados, sino también los impactos psicosociales y en la salud pública. Un sistema financiero que ignore estos aspectos puede profundizar desigualdades y afectar gravemente a poblaciones ya vulnerables.
Capítulo 8 – Recomendaciones para escalar el financiamiento climático
Destaco la necesidad de proyectos con doble dividendo: mitigación climática + beneficios sociales. El BDE podría priorizar proyectos que, por ejemplo, combinen energías renovables con programas de inclusión laboral para adultos mayores, o infraestructura resiliente con acceso a servicios de salud. Además, es clave fortalecer capacidades institucionales para acceder a fondos climáticos internacionales, pero también para monitorear y evaluar el impacto social de esos proyectos.
Principales retos que veo para el Banco de Desarrollo del Ecuador:
Integrar el enfoque de desarrollo humano en la cartera climática: No solo se trata de financiar obras “verdes”, sino de asegurar que estas mejoren la calidad de vida, reduzcan vulnerabilidades y sean socialmente inclusivas, especialmente para grupos como el adulto mayor.
Articulación intersectorial: El BDE debe trabajar de la mano con ministerios sociales (como el de Desarrollo Humano) para diseñar proyectos climáticos que también respondan a agendas de protección social, salud mental y envejecimiento activo.
Acceso a financiamiento internacional con perspectiva local: Los requisitos técnicos y los costos de preparación de proyectos pueden ser una barrera. El BDE necesitaría asesoría técnica y alianzas con organismos multilaterales para estructurar proyectos bancables que además sean pertinentes a nuestra realidad social.
Gobernanza y transparencia: Para evitar que los fondos climáticos profundicen desigualdades, se necesitan mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas, especialmente hacia las comunidades y grupos vulnerables afectados por el cambio climático.
Medición de impactos sociales y ambientales: No basta con reportar reducción de emisiones; hay que evaluar cómo estos proyectos contribuyen al bienestar psicológico, la cohesión social y la resiliencia comunitaria.
En resumen, el gran reto para el BDE es ser un banco de desarrollo en el sentido más integral: que su estrategia climática no sea solo financiera o ambiental, sino también socialmente transformadora, reconociendo que la transición justa debe incluir a todos, especialmente a quienes han sido históricamente invisibilizados, como nuestros adultos mayores.
Quedo atenta al diálogo.
Saludos,
Karen Rocafuerte