Al revisar los capítulos 4, 5 y 8 del documento de Galindo, Lorenzo y Pereyra (2022), se observa que la región aún necesita fortalecer su capacidad fiscal y financiera para responder al cambio climático. El capítulo 4 recalca que los países pueden aprovechar mejor su política fiscal y su endeudamiento mediante instrumentos como bonos verdes, cláusulas de desastres en la deuda y reformas fiscales que apoyen inversiones sostenibles. Esto permitiría alinear las finanzas públicas con los objetivos climáticos.
El capítulo 5 destaca la importancia de que el sistema financiero incorpore los riesgos climáticos, tanto los físicos como los de transición. Para ello se requiere contar con datos adecuados, metodologías de análisis y regulaciones que obliguen a las instituciones financieras a evaluar su exposición.
El capítulo 8 propone ampliar la escala del financiamiento climático mediante mayor transparencia, fortalecimiento de los bancos de desarrollo, desarrollo de capacidades técnicas y mejor alineación entre la política fiscal y las metas climáticas.
En este contexto, el Banco de Desarrollo del Ecuador enfrenta varios retos para acelerar la movilización del financiamiento climático. Entre los principales están: reforzar la capacidad técnica para estructurar proyectos verdes; consolidar sistemas de medición y reporte de impactos; integrar los riesgos climáticos en su gestión financiera; mejorar su acceso a fondos internacionales; diseñar instrumentos financieros innovadores; y trabajar más estrechamente con los GAD para que los proyectos locales cumplan los criterios climáticos.