La información reciente sobre El Niño debería motivar acciones inmediatas y diferenciadas en todos los niveles de gobierno. Las prefecturas tienen que priorizar la gestión de riesgos a gran escala, evaluando puntos críticos donde podrían presentarse deslizamientos o desbordamientos, y destinando recursos para obras preventivas. Los municipios, por su parte, deben asumir el control operativo del territorio: ordenando intervenciones rápidas en vías, drenajes, quebradas y espacios públicos vulnerables. También tienen la responsabilidad de comunicar a la población sobre zonas seguras y procedimientos de emergencia. En cambio, las juntas parroquiales deben enfocarse en el trabajo directo con la comunidad: identificar a personas vulnerables, organizar mingas de limpieza, y garantizar que los habitantes reciban información clara y oportuna. La preparación anticipada es clave; mientras más temprano se actúe, menor será el impacto social y económico del fenómeno.