El gráfico muestra que la resiliencia territorial solo es posible cuando los gobiernos integran de forma simultánea acciones de mitigación y adaptación, entendiendo que los sistemas naturales y humanos funcionan como una sola unidad. La mitigación —energías limpias, reforestación, conservación de ecosistemas— reduce las presiones climáticas, mientras que la adaptación —manejo hídrico, agroecología, movilidad sostenible, planificación urbana— fortalece la capacidad de respuesta de las comunidades.
Para los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales, esta interconexión implica gestionar el territorio de manera preventiva, reconociendo que bosques, suelos, agua y biodiversidad son infraestructura ecológica esencial para el bienestar humano. Cuando se protege la naturaleza y se adoptan prácticas sostenibles, se generan beneficios directos: mejor salud pública, medios de vida más estables, seguridad alimentaria, disponibilidad de agua, reducción de riesgos y un crecimiento económico basado en actividades verdes y resilientes.
En consecuencia, la acción climática integrada no solo enfrenta los efectos del cambio climático, sino que impulsa modelos de desarrollo más seguros, equitativos y sostenibles para los territorios.