Frente a la evidencia presentada, es indispensable que los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales adopten medidas diferenciadas pero complementarias, orientadas a reducir la vulnerabilidad territorial y fortalecer la gestión ambiental.
A nivel provincial, se requiere una planificación macro enfocada en la gestión integral de cuencas, ordenamiento territorial basado en criterios ecológicos y climáticos, y la implementación de sistemas de monitoreo de deforestación y degradación. Las prefecturas deben liderar estrategias intermunicipales, asegurar conectividad ecológica entre ecosistemas y promover inversiones en infraestructura verde que reduzcan riesgos climáticos y garanticen la sostenibilidad hídrica.
A nivel cantonal, es fundamental que los GAD municipales integren información climática y ambiental en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT), regulen el uso de suelo con criterios de conservación y restauración, fortalezcan los sistemas locales de manejo de residuos, y regulen actividades agrícolas y pecuarias para disminuir presiones sobre bosques y fuentes de agua. Asimismo, deben promover programas de restauración activa, incentivar prácticas agroecológicas y generar normativa local —como ordenanzas de conservación— que reduzca la vulnerabilidad ecosistémica y socioeconómica.
A nivel parroquial, los GAD deben trabajar directamente con las comunidades, fortaleciendo capacidades locales sobre adaptación y mitigación, impulsando iniciativas de manejo sostenible del territorio, control comunitario de la deforestación, vigilancia ambiental participativa y modelos productivos resilientes. Su rol es clave para recopilar información territorial, identificar zonas críticas y facilitar la articulación entre comunidades, gobiernos cantonales y entidades ambientales.
En conjunto, estos niveles de gobierno deben integrar información científica, climática y social en la toma de decisiones, priorizando acciones de prevención, restauración y gobernanza colaborativa. Solo mediante una gestión articulada, basada en evidencia y con enfoque de paisaje, es posible reducir riesgos, proteger ecosistemas y asegurar bienestar humano y desarrollo sostenible.