La gestión óptima del riesgo requiere que los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales trabajen de forma preventiva y coordinada.
Las provincias deben establecer lineamientos generales, fortalecer alertas tempranas y ejecutar obras de protección a gran escala.
Los cantones deben actualizar mapas de riesgo, mantener drenajes, evaluar servicios básicos y reforzar infraestructura crítica.
Las parroquias deben organizar a la comunidad, definir zonas seguras, mantener caminos locales y promover prácticas agrícolas resilientes.
Aunque las competencias son distintas, todos los niveles deben anticiparse a los riesgos, coordinar acciones, comunicar con claridad y aprender de experiencias previas para evitar cuellos de botella en emergencias.