El financiamiento climático constituye la columna vertebral para la implementación del Acuerdo de París, operando bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Actualmente, la arquitectura financiera global es compleja, combinando fondos multilaterales (como el Fondo Verde para el Clima o el GEF) con mecanismos bilaterales y mercados de carbono.
Sin embargo, persiste una brecha estructural significativa: la mayor parte de los flujos financieros globales siguen orientándose hacia la mitigación (proyectos de energía renovable y transporte, que ofrecen retornos de inversión más claros), dejando rezagada a la adaptación, la cual es prioritaria para países altamente vulnerables como Ecuador, pero que a menudo depende de donaciones o fondos no reembolsables debido a la dificultad de monetizar la resiliencia climática.
Para superar estas barreras, es crucial evolucionar desde la dependencia exclusiva de fondos públicos hacia esquemas de finanzas mixtas (blended finance), que utilizan capital público para reducir el riesgo y apalancar la inversión privada. El reto principal para los gestores ambientales y formuladores de proyectos radica en la "bancabilidad" de las propuestas: transformar necesidades climáticas en proyectos técnica y financieramente viables que cumplan con los rigurosos criterios fiduciarios y salvaguardas ambientales exigidos por la banca internacional. Esto requiere fortalecer las capacidades locales en la estructuración financiera y en la medición precisa de riesgos climáticos para asegurar que los flujos de capital lleguen efectivamente a los territorios que requieren acción inmediata.